Retomado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para impulsar la sostenibilidad y la digitalización en el transporte

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes, se ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, el cual será remitido a las Cortes Generales para su tramitación bajo la vía de urgencia y su posterior aprobación en el año 2024.

Esta ley establecerá el marco normativo que posibilitará a las distintas administraciones responder de manera más eficiente a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos, así como a los desafíos como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

La normativa regulará soluciones innovadoras y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto por parte de las administraciones como de los gestores de infraestructura y los operadores públicos y privados. La digitalización y el intercambio de datos contribuirán, entre otros aspectos, a abrir nuevas oportunidades de negocio y a mejorar la toma de decisiones.

Dentro del nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad, un pilar fundamental es el establecimiento de “Un sistema digital e innovador”. La ley contempla la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde las empresas de transporte, los gestores de infraestructuras y las administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores en la planificación de nuevas infraestructuras y la implementación de nuevos servicios.

Asimismo, la ley profundiza en las obligaciones ya establecidas en la normativa europea, las cuales requieren que los proveedores de servicios de transporte de pasajeros y los gestores de infraestructuras proporcionen información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Esta información facilita la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes, lo que simplifica el uso del transporte público y fomenta la intermodalidad. Además, se mejorará la disponibilidad de información pública sobre la ubicación de puntos de recarga eléctrica.