Iniciado el debate, por parte de los ministros europeos, sobre como hacer de UE un referente global sobre los derechos digitales

Los ministros europeos, encargados de los sectores de Telecomunicaciones y Digitalización, han iniciado un debate sobre los derechos digitales. Estos han emergido como un tema de alta prioridad en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Durante la primera jornada, se ha dado especial atención a la promulgación de normativas que puedan situar a Europa en una posición de liderazgo a nivel mundial en la regulación de la innovación tecnológica. Este enfoque fue enfatizado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, al expresar que dicha ambición pretende consolidar a Europa como un referente global en la regulación de toda la innovación tecnológica.

El futuro reglamento se focalizará en la regulación de la inteligencia artificial. Los esfuerzos realizados por los ministros en León se orientarán hacia el próximo proceso trilateral de negociación, con el propósito de avanzar en la aprobación de la normativa.

Esta normativa, pretende establecer un marco regulatorio para la inteligencia artificial con el objetivo principal de crear un entorno que salvaguarde los derechos de los ciudadanos sin que ello implique un menoscabo de la competitividad europea.

Además de la inteligencia artificial, los ministros europeos también abordarán cuestiones relacionadas con las neurotecnologías y las tecnologías inmersivas y cuánticas. En este contexto, se enfatizará nuevamente la importancia de mantener un equilibrio entre la promoción de la competitividad y el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

La Presidencia española ha expresado su firme compromiso en contribuir a la configuración de una Europa digital futura caracterizada por su competitividad, sustentada en una perspectiva humanista que sitúe a las personas en el centro de su enfoque. En este sentido, se aboga por la necesidad de que los avances tecnológicos respeten los derechos de la ciudadanía, fomentando la generación de confianza y, a su vez, desempeñen un papel fundamental en la defensa y protección de los valores democráticos, que constituyen los cimientos de las sociedades europeas.