La transición digital requiere del desarrollo de competencias digitales básicas entre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan interactuar, comprar, realizar transacciones y comunicarse con las Administraciones públicas con autonomía, suficiencia y seguridad.

La acción pública ha de poner especial énfasis en aquellos colectivos que encuentran más dificultades para adquirir estas competencias, como son las personas mayores y las personas con bajos niveles de renta, de zonas no urbanas o con bajo nivel educativo, prestando especial atención a las mujeres de estos colectivos.

Con el fin de capacitar digitalmente a la ciudadanía y garantizar la inclusión digital, se completarán una serie de iniciativas “bottom-up” a través de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, involucrando a agentes de proximidad para alcanzar a las personas más excluidas digitalmente (aspecto clave de acuerdo con las buenas prácticas internacionales).

Estas acciones priorizan la provisión de competencias digitales básicas para niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión digital; y para personas mayores, mujeres e infancia y juventud en zonas de prioridad demográfica.

Adicionalmente, se desarrollará una red de centros de apoyo a la formación digital (reforzando la red de Aulas Mentor ya existente y creando nuevos centros, hasta llegar a 1.500 centros de apoyo a la formación digital) y se pondrán en marcha campañas de fomento del humanismo tecnológico.

Mediante esta medida, se busca no dejar a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía, además de fomentar el humanismo tecnológico y la cultura digital.