Firmado el primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre Inteligencia Artificial

El primer tratado mundial jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial (IA) ya es una realidad. El acuerdo conocido como Framework Convention on artificial intelligence and human rights, democracy, and the rule of law (CETS No. 225) fue firmado por  Andorra, Georgia, Islandia, Noruega, la República de Moldavia, San Marino, el Reino Unido, Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. Y a partir de ahora, cualquier otra nación interesada podrá sumarse a la iniciativa. Su objetivo es garantizar que el desarrollo y uso de esta tecnología “sea plenamente compatible” con los derechos humanos, la democracia y los principios de legalidad.

El convenio fue elaborado por el Consejo de Europa (CDE), una organización internacional que promueve la democracia y la protección de las garantías individuales. Marija Pejčinović Burić, secretaria general de la entidad, asegura que el compromiso está diseñado para asegurar que el auge de la IA respete y no socave los estándares civiles que mantienen el equilibrio en la sociedad. “Es un texto sólido y equilibrado, fruto del enfoque abierto e inclusivo con el que se redactó. Se benefició de las perspectivas de múltiples expertos. El Framework Convention es un tratado abierto con un alcance potencialmente mundial”, comentó Maria. Los preceptos fueron negociados por 46 Estados europeos y 11 países no miembros del bloque, incluidos México, Argentina, Canadá, Costa Rica, la Santa Sede, Uruguay y Perú.

Los firmantes tendrán que ratificar el acuerdo individualmente, y cuando este proceso concluya, deberán pasar tres meses para que las disposiciones entren en vigor. Los términos que incluye el escrito proporcionan un marco jurídico que abarca “todo el ciclo de vida de los sistemas IA” y obliga a los cosignatarios a cumplir ciertas normas de regulación y supervisión para mitigar posibles riesgos.

Los países se han comprometido a realizar evaluaciones “de manera iterativa” sobre las posibles  amenazas que el uso de la IA puede representar para las garantías fundamentales, la democracia y el estado de derecho. Deberán establecer medidas preventivas y de mitigación al respecto, así como habilitar a las autoridades correspondientes para que “introduzcan prohibiciones o moratorias sobre determinadas aplicaciones de sistemas de inteligencia artificial”. Además, los estatutos obligan a establecer mecanismos locales dedicados a documentar y poner a disposición del público la información más relevante sobre los sistemas de IA y su uso.