Publicadas las bases que regirán las ayudas del PERTE del sector Agroalimentario

01/08/2022
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado luz verde a la norma que regulará el primer paquete de ayudas al sector agroalimentario en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE Agroalimentario).

Este PERTE apuesta por la modernización, sostenibilidad y digitalización del sector a través de programas de apoyo que promuevan una industria agroalimentaria competitiva y sostenible. Está previsto que genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos, está dotado con una línea de ayudas de 1.100 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias. La orden de bases aprobada es el paso previo para la publicación de la primera convocatoria del plan y para abrir el plazo de presentación de proyectos antes de finalizar el año.

Las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas, formadas por al menos 6 empresas, al menos una será una gran empresa, y además deberá estar integrada por un mínimo de cuatro PYMES. Podrán ser miembros de la agrupación las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño. Alternativamente también serán válidas aquellas agrupaciones constituidas únicamente por PYMES siempre que dos de ellas sean medianas empresas. Finalmente, deberán tener implantación en un ámbito geográfico que abarque al menos a dos comunidades autónomas

Las ayudas, que se formalizarán se formalizarán como subvenciones, préstamos o una combinación de ambos, estarán destinadas a proyectos tractores y el presupuesto financiable mínimo será de 15 millones de euros por cada uno de los proyectos. La concesión de ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, siendo necesario acreditar que los proyectos no causan un perjuicio significativo al medioambiente.

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