El Gobierno plantea impulsar los centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y para la Transformación Digital y de la Función Pública buscan un desarrollo ordenado y eficiente de los centros de datos e inician el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, disponible aquí.

La normativa propuesta busca cumplir con los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes, y respaldar con nueva generación de energía renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético. Asimismo, cumple uno de los mandatos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio de acompasar el despliegue de centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable.

Con ello, España anticipa medidas que se están debatiendo en el ámbito europeo, situándose en una posición avanzada desde la que liderar el debate.

La estimación de la Estrategia de Inteligencia Artificial de en torno a 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica, está superada por las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones, habiéndose otorgado ya más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021. Por ello, con el proyecto normativo se pretende sentar las bases para escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, estableciendo requisitos a las instalaciones mayores de 1 MW de potencia eléctrica, por ser las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante.

Para asegurar la contribución de los centros de datos a la resiliencia y la soberanía digital de la economía española y europea, la propuesta de decreto exige que quien opere la infraestructura esté establecido en la UE, que los datos, metadatos y registros que trate como parte de la operación del centro permanezcan en el territorio comunitario; y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países.