España logra la aprobación de la Unión Europea para prohibir los ‘deepfakes’ sexuales

La Unión Europea ha aprobado la iniciativa presentada por el Gobierno de España para vetar en todo el territorio comunitario la comercialización, puesta en servicio y uso de sistemas de IA destinados a generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas de contenido sexual sin consentimiento. La propuesta surgió tras la polémica generada por la difusión de desnudos falsos de mujeres y menores creados mediante IA y fue incorporada a la reforma del Reglamento europeo de IA con amplio respaldo institucional. El acuerdo de ha producido el 7 de mayo en la negociación entre representantes del Parlamento Europeo, el Presidente del Consejo y la Comisión Europea.

La enmienda introduce dos nuevas prácticas prohibidas:

• Deepfakes que muestren partes íntimas o representen a personas en actos sexuales sin su consentimiento
• Sistemas capaces de generar o manipular pornografía infantil

El ministro Óscar López ha subrayado que esta decisión refuerza el liderazgo de España en la construcción de un modelo europeo de IA confiable, coherente con iniciativas nacionales recientes como la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.

La ley de protección al menor es una norma pionera, ya que prevé reformas penales para sancionar tanto los deepfakes sexuales como el grooming (engaño online a menores).

Simplificación del Reglamento de IA

En paralelo, las negociaciones sobre la estructura del Reglamento de IA han concluido manteniendo la posición española de evitar trasladar de forma general las obligaciones del reglamento a normativas sectoriales, lo cual podría fragmentar el mercado interior. Solo la legislación relativa a maquinaria industrial se integrará parcialmente, con salvaguardas específicas. Además, se conservará un registro simplificado para sistemas de riesgo limitados y se refuerza la obligación de formación en IA para proveedores y responsables de despliegue, con apoyo de las administraciones públicas.

El Gobierno español ha celebrado el acuerdo por considerarlo compatible con la innovación empresarial en inteligencia artificial y con la creación de un entorno de confianza en el uso de la IA. El acuerdo político deberá ser ratificado formalmente por el pleno del Parlamento Europeo y de los ministros en el Consejo antes del receso de verano.